La Ley Concursal establece un procedimiento judicial único que consiste en reunir a todos los acreedores de una persona para, después de analizar su situación financiera, renegociar con ellos un acuerdo de pago. El procedimiento judicial puede abrirse de dos maneras:

• Concurso voluntario (presentado por el deudor)

• Concurso necesario (presentado por el acreedor)

Una vez que el juzgado declara el concurso, designa la administración que ha de llevarlo a cabo, y se analiza la situación patrimonial de los deudores, lo que da como resultado la presentación de un informe con los siguientes datos:

• Lista de acreedores

• Inventario

• Calificación de los créditos

• Análisis de la situación económica de la persona en concurso

Posteriormente, y bajo la supervisión del juez, tiene lugar una propuesta de convenio, que será votada por los acreedores. Después se llega a la ejecución del convenio, que no es más que el procedimiento a seguir para que la deuda sea liquidada. Esto puede suponer, en el peor de los casos, el embargo y venta de los bienes del deudor para pagar los compromisos, o, en el más idóneo, una reducción de la deuda de hasta el 50 por ciento y un aplazamiento del pago de hasta cinco años.

Si bien las posibilidades de esta normativa son muchas y favorables, la cantidad de profesionales que intervienen en el proceso y los costes del procedimiento judicial (abogados, procuradores, economistas, publicación de los edictos, etc.) provoca que el acceso sea muchas veces difícil para familias con problemas económicos. En este sentido, conviene recordar que hay estudios de abogados que brindan asesoramiento completo para llevar a cabo el procedimiento, y que además cuentan con equipos integrados por todos los profesionales que intervienen en la instancia judicial.