El siglo XX se inicia con los deseos y los planes de modernizar las estructuras políticas, económicas y sociales del país que los regeneracionistas planteaban, y que no pudieron llevarse a cabo por los graves problemas que padecía España.
Durante el reinado de Alfonso XIII se produce la crisis del sistema político de la Restauración. Los movimientos obreros reclamaban su participación en el poder ante la negativa de los tradicionales grupos que intentaban mantener su dominio. Los hechos ocurridos durante la Semana Trágica de Barcelona en 1909 evidenciaron una conflictividad política y social que enfrentaba al sistema de la Restauración con una oposición donde se agrupaban los partidos nacionalistas, republicanos, socialista y otros movimientos obreros. El descontento e inestabilidad fue aumentado hasta que en 1923 el general Primo de Rivera, mediante un golpe de estado, implantó una dictadura apoyado por el ejército, la burguesía catalana, varios sectores de la sociedad, el PSOE y la UGT, y el Rey. Con la caída de la dictadura terminó también la monarquía de Alfonso XIII.
Las primeras tres décadas del siglo se caracterizan en la Región de Murcia por la dominación de la corriente ciervista del partido conservador, cuyo líder, Juan de la Cierva y Peñafiel, organizó una red de caciques locales que le permitió tener bajo su control los pueblos de la provincia hasta el final de la Restauración en 1931. Los movimientos obreros en defensa de los intereses de los trabajadores y los de ideología de izquierdas, e incluso anarquistas, venían desarrollándose y actuando en la Región de Murcia, principalmente en las zonas mineras e industriales, desde finales del siglo XIX, pero fue a partir de 1910 cuando las ideas socialistas prosperaron creándose la UGT. Las graves crisis económica, política y social dieron lugar a la dictadura de Primo de Rivera que contó con el apoyo de la clase dirigente murciana y la colaboración de los socialistas con el fin de conseguir la paz social aunque se produjeron algunas protestas obreras como la de esparteros de Águilas, Calasparra y Cieza en 1926 y 1930.
Es importante destacar el papel de la prensa de principios de siglo como vehículo de transmisión de las ideas regeneracionistas a la opinión pública, la cual cada vez tiene mayor repercusión en las actuaciones de los políticos. Por esta razón, los distintos gobiernos de la Restauración pusieron especial interés en controlar la prensa, para ello recurrieron a la Ley de Policía e Imprenta de 1883 que permitía suspender las garantías constitucionales cuando estaba en peligro la seguridad del Estado. Durante estos años, la prensa murciana fue transformándose en empresa mediante la incorporación de nueva tecnología con la que aumentó las tiradas, se introdujo más publicidad obteniendo así mayores ingresos, y se bajaron los precios. Se vivió una época de gran fecundidad, aparecieron numerosas cabeceras nuevas en poblaciones que ya tenían una tradición periodística como Cartagena, La Unión, Lorca, Murcia, Yecla, etc.; y se inició la actividad periodística en otros pueblos de la Región con cabeceras como: En Marcha (1908, Abarán), El Joven propagandista (1910, Ceutí), La Voz de Archena (1913), El Regenerador (1919, Molina) o Mar Menor (1927, San Javier), entre muchos. Son publicaciones, de corta duración, de todas las tendencias y temas aunque predominan las noticias locales y los textos literarios y culturales.
En 1931 se proclamó la II República. Fue un intento de instaurar un sistema democrático en el que el poder recayera sobre las clases medias pero a ella se enfrentaron por un lado, los grupos tradicionales de poder y, por otro, la clase obrera más revolucionaria. Se hace patente la radicalización de las ideologías tanto de la izquierda hacia el comunismo como de la derecha hacia el fascismo que llevará al enfrentamiento de ambas posturas en la Guerra Civil (1936-1939).
No sólo las dictaduras censuraron lo que se publicaba, si perjudicaba al poder establecido; tampoco durante la II República se implantó totalmente la libertad de prensa a causa de la conflictividad social reinante. Con la Guerra Civil el control sobre la prensa aumentó; para ambos bandos fue más un instrumento de propaganda bélica que un medio de información veraz. En la Región disminuye el número de publicaciones y, en muchas se acentúa el carácter divulgativo de las varias ideologías políticas, como por ejemplo: Ideal Juvenil (1931, Yecla), La Voz (1934, Cartagena), Presente (1935, Cieza), Nuestra Lucha (1936, Murcia), etc.
Tras la victoria del ejército nacional, se inició la dictadura del general Franco (1939-1975) que fue un instrumento al servicio de las clases dominantes, aunque en seguida contó con el apoyo de las clases medias, debido al deseo de paz y orden. Claramente enemigo del liberalismo y del comunismo, su poder se basó en tres pilares: la Iglesia, el ejército y la Falange. Se anularon las libertades públicas y los partidos políticos, al tiempo que se olvidaron la soberanía nacional y el sufragio universal. El gobierno se basaba en el poder personal del jefe del Estado y se definía como totalitario. En su mandato, se distinguen dos etapas: una de aislamiento y autarquía (1939-1953) y una segunda de apertura al exterior (1954-1975).
En la época franquista se consolidó la censura periodística mediante la Ley de Prensa de 1938, que no sólo establecía la censura previa sino que trazaba un amplio sistema de control por medio de medidas represivas sobre los profesionales de la información y las empresas editoras. Apenas se publicaba nada sobre los verdaderos motivos del aislamiento político internacional, o sobre la realidad económica del país, ni sobre otras cuestiones que afectaban al país pero que el régimen no consideraba oportunas. Como en todo el país, la prensa murciana ofrecía un contenido e ideología uniforme al servicio del poder, difundiendo mediante consignas, su propaganda política; en 1939 reapareció La Verdad y se creó Línea Nacional-Sindicalista.
Más adelante hubo un intento liberalizador con la Ley de Prensa de 1966 basada en mecanismos de control represivos administrativos y judiciales. Pese a no haber una libertad de prensa plena, ésta fue una de las pocas instituciones con capacidad para generar diálogo político y acercar las opiniones de la sociedad y los políticos; convirtiéndose en un provechoso elemento para la llegada de una transición sin extremismos. Permitió, entre otras cosas, que el ciudadano, cuando se inició la Transición, estuviese más sensibilizado ante la necesidad democrática, sin abrumarse por la incertidumbre política que se abría; y que la transición democrática española se realizara de forma más tranquila y favorable al pacto.
