El bienio de derechas: el Campus de la Merced

     El presidente de la II República, Niceto Alcalá-Zamora, encargó a Diego Martínez Barrio, diputado del Partido Republicano Radical (PRR), la formación de un nuevo Gobierno para la convocatoria de elecciones generales. Las principales novedades de los comicios fueron la presentación de dos nuevos partidos políticos, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y Falange Española (FE), y la participación de las mujeres en las votaciones por primera vez en la Historia de España, gracias a la iniciativa parlamentaria de la diputada Clara Campoamor, del P. Republicano Radical.

     Los partidos de derechas consiguieron la victoria en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933, con el apoyo de 3.365.000 votos frente a los 2.051.000 de los partidos de centro y los 3.118.000 de las fuerzas de izquierdas. El partido más votado, la CEDA, logró 115 escaños en las Cortes. En segundo lugar quedó el Partido Republicano Radical con 79 y en tercer lugar el PSOE con 55. En la provincia de Murcia, el centro-derecha consiguió el triunfo en la segunda vuelta. Los partidos del centro-derecha obtuvieron 8 escaños (4 del P. Republicano Radical, 3 del P. Agrario y 1 de la CEDA) por 3 escaños de la izquierda, aportados por el PSOE. Por fuerzas políticas, el P. Republicano Radical obtuvo 4 diputados, seguido del PSOE con 3, el P. Agrario con 3, el P. Republicano Independiente con 2 y la CEDA con 1.

     Los 13 diputados de la provincia de Murcia durante el bienio de derechas fueron: José Cardona Serra (PRR), industrial; Salvador Martínez Moya (PRR), catedrático de Derecho de la Universidad de Murcia; Juan José Rocha García (PRR), abogado y ministro de Marina (1933-35), Estado, Instrucción Pública y Bellas Artes (1935); Dámaso Vélez Gonzálvez (PRR), abogado; Luis Prieto Giménez (PSOE), médico; José Ruiz del Toro (PSOE), periodista; Bienvenido Santos Borrego (PSOE), profesor de la Escuela de Magisterio; José Ibáñez Martín (AGR), catedrático de Instituto; Tomás Maestre Zapata (AGR), abogado; Antonio Reverte Moreno (AGR), profesor de la Universidad; Juan Antonio Perea Martínez, ex-director de Obras Públicas (IND); Agustín Virgili Quintanilla (IND), ingeniero agrónomo, y Federico Salmón Amorín (CEDA), profesor de la Universidad de Murcia y ministro de Trabajo, Justicia y Sanidad (1935).

     El líder del Partido Republicano Radical (PRR), Alejandro Lerroux, presidió el Gobierno de centro-derecha en coalición con los partidos Agrario (PA),  Republicano Progresista (PRP) y Republicano Independiente (PRI). La CEDA apoyó en las Cortes al nuevo gabinete en su condición de formación política con mayor número de escaños. El partido de José María Gil-Robles permaneció, en un principio, fuera del Ejecutivo para evitar susceptibilidades entre las fuerzas republicanas, debido a su condición de partido monárquico. Además, el presidente Lerroux nombró al murciano Juan José Rocha ministro de Marina y a Santiago Alba, diputado del PRR, presidente de las Cortes Generales. El Gobierno de coalición designó como gobernadores civiles de la provincia de Murcia a José Maldonado Ayuso (PRR), desde el 13-10-1933 al 20-12-1933; Carlos Rodríguez Soriano (PRR), desde el 20-12-1933 al 25-11-1935; Miguel Ferrero Pardo (PRR), desde el 25-11-1935 al 22-12-1935; Ramón Alonso Ruiz (CEDA), desde el 22-12-1935 al 1-1-1936, y Francisco González Ruiz (¿?), desde el 1-1-1936 al 28-2-1936.   

     El Ejecutivo conservador desarrolló una política contrarreformista en materia agraria, religiosa y militar. La contrarreforma agraria consistió en la aprobación de la Ley de Yunteros, para prorrogar la ocupación ilegal de tierras de los campesinos por un año; la Ley de Arrendamientos Rústicos, para el establecimiento del alquiler de tierras por seis años con posibilidad de compra para el arrendatario; la prohibición de los subarriendos y la recuperación de la propiedad para cultivar por sí mismos; y la Ley de Reforma de la Reforma Agraria (1935), impulsada por el ministro Manuel Giménez Fernández, con el fin de asegurar el asentamiento de diez mil campesinos al año, la aprobación de la expropiación con indemnización y la anulación del inventario de tierras.

     La contrarreforma religiosa puso fin a la persecución 'legal' contra la Iglesia. El Gobierno aprobó la Ley de Haberes del Clero (1934), para la restauración de las ayudas públicas a la Iglesia; la devolución de los bienes expropiados por el Estado durante el primer bienio y el impulso de la beneficencia eclesiástica con los más desfavorecidos de la sociedad. Además, ordenó a las fuerzas de seguridad del Estado el incremento de la vigilancia en los templos para evitar, en lo posible, los ataques contra los edificios eclesiásticos.

     El ministro de la Guerra, José María Gil-Robles, impulsó la contrarreforma militar mediante la adscripción de la Dirección General de Aeronáutica al Ministerio; la reorganización del Consejo Superior de Guerra, con el nombramiento de Francisco Franco como jefe del Estado Mayor; la reforma del Código de Justicia Militar, mediante el restablecimiento de los tribunales de honor, el incremento de las divisiones orgánicas ante el riesgo de guerra en el Mediterráneo (expansionismo italiano), la recuperación de los ascensos por méritos en campaña, la rebaja de edad en el pase a la reserva y la Ley del Voluntariado para el ingreso en el Ejército después de tres años de servicio. La oposición inicial del jefe del Estado, Alcalá-Zamora, a la aprobación de la Ley de Amnistía para los protagonistas del golpe de Estado de 1932 provocó la dimisión irrevocable del presidente Alejandro Lerroux, en abril de 1934, siendo sustituido al frente del Gobierno por Ricardo Samper, compañero de partido. La retirada del apoyo de la CEDA al nuevo primer ministro, en octubre, provocó su salida del Ejecutivo y el regreso de Lerroux a la presidencia.

     Las fuerzas de izquierdas desencadenaron la Revolución de Octubre de 1934, con el fin de expulsar del poder por la fuerza al Gobierno conservador. Los protagonistas de la insurrección justificaron el movimiento revolucionario por el supuesto advenimiento del fascismo en España, tras la entrada de los ministros de la CEDA: Rafael Aizpún (Justicia), José Oriol Anguera (Trabajo) y Manuel Giménez (Agricultura). La Revolución triunfó en Asturias, con la conquista de la región por los mineros, y en Cataluña, con la proclamación del Estat Catalá, dentro de la República Federal Española, en el Palacio de la Generalitat en Barcelona. El Ejecutivo envió a las fuerzas de seguridad para represaliar el movimiento. El Ejército y la Legión derrotaron a los revolucionarios tras un mes de enfrentamientos. El presidente Lerroux respondió con la suspensión temporal del Estatuto de Autonomía catalán. La Justicia condenó a pena de muerte a los líderes rebeldes y ordenó el ingreso en prisión de los protagonistas de los disturbios.

     La conmutación de las penas de muerte por cadena perpetua, por iniciativa del jefe del Estado, conllevó la marcha de la CEDA del Gobierno como forma de protesta. La crisis política se acentuó con el caso de corrupción del estraperlo. Los inventores de este juego de ruleta, Strauss y Perlowitz, sobornaron a miembros de la Administración para la introducción ilegal del estraperlo en los casinos. El descubrimiento del caso causó la dimisión del primer ministro, Alejandro Lerroux, y su sustitución por Joaquín Chapaprieta, del P. Republicano Independiente, en septiembre de 1935. Los enfrentamientos entre los partidos del Gobierno, la retirada del apoyo parlamentario de la CEDA (clave para la estabilidad gubernamental por ser el partido con más escaños) y la oposición del jefe del Estado, Alcalá-Zamora, a la labor del gabinete, desencadenaron la disolución de las Cortes en diciembre de 1935. El presidente de la República encargó a Portela Valladares, de Acción Gallega, la convocatoria y organización de las elecciones generales del 16 de febrero de 1936. De esta manera concluía el bienio de derechas de la II República. 

     En la provincia de Murcia, la Universidad (UMU) trasladó su sede desde el barrio del Carmen al Convento de la Merced, en el centro de la ciudad, para la inauguración del curso académico 1935-36. La institución universitaria adquirió el edificio conventual a la congregación de los Hermanos Maristas, siendo rector el catedrático José Loustau y la mediación de los diputados a Cortes Martínez Moya y Ruiz-Funes. El proceso de negociación y los trámites de compra-venta se extendieron entre 1932 y 1934. El Campus de la Merced se convirtió, así, en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. El Convento de la Merced data del siglo XVI, sufrió una ampliación en el siglo XVII y se realizó una nueva portada, de estilo barroco, en el siglo XVIII.

   Otros acontecimientos destacados en la provincia durante el bienio fueron: la concesión de la Banda de la República al ingeniero Juan de la Cierva Codorníu, en 1934, por parte del Gobierno de la nación; el robo de la Vera Cruz del Sagrario del Santuario de Caravaca (1934) por ladrones desconocidos, mediante la realización de un gran agujero en la puerta de San Lorenzo con un berbiquí, una palanqueta, un serrucho, tres brocas, una pelota de grasa y una liga elástica; la fortificación de la Base Naval de Cartagena (1935), en previsión de posibles ataques de las grandes potencias; el desarrollo de huelgas revolucionarias de signo anarquista en Cieza, por la crisis del esparto; la ocupación de las propiedades de Juan de la Cierva Peñafiel en Lorquí por campesinos sin tierra; el estallido de la Revolución de Octubre en Alguazas (1934), y el nombramiento del clérigo bullense Antonio García García como obispo de Tuy. 

  Antonio Gómez-Guillamón Buendía