La nueva organización territorial

     El triunfo del liberalismo durante la Regencia de María Cristina de Borbón supuso una nueva organización territorial. El secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos, aprobó la división de España en 15 regiones (Galicia, Asturias, Vascongadas, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, León, Castilla La Vieja, Castilla La Nueva, Extremadura, Valencia, Murcia, Andalucía y Canarias) y 49 provincias. El Gobierno nombraba al jefe político de cada provincia. A su vez, las provincias se subdividían en partidos judiciales. La región de Murcia quedó integrada por las provincias de Murcia y Albacete. La nueva división del Estado supuso pérdidas territoriales con el traspaso de Villena y Sax a Alicante.

     El regreso definitivo al sistema constitucional permitió el restablecimiento de los Ayuntamientos creados tras la aprobación de la Constitución de Cádiz de 1812 o en el Trienio Liberal (1820-23) y el nacimiento de nuevos Consistorios. La región de Murcia experimentó una transformación de su modelo territorial con la consolidación de los ayuntamientos de Águilas (1834), independizada de Lorca; Alcantarilla (1835), libre del señorío de realengo; Alhama de Murcia (1835), liberada del Marquesado de los Vélez; Torre Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar (1836), independizadas de la ciudad de Murcia; Campos del Río (1836), soberana respecto a Mula; Calasparra (1836), liberada del dominio señorial de la Orden de San Juan; y Archena cambió en 1837 el dominio señorial de la Orden de San Juan por el del marqués de Corvera, Rafael de Bustos, primero, y por el del vizconde de Rías, José de Bustos, después.

     La Regencia de María Cristina de Borbón llevó consigó el impulso del liberalismo en España, mediante la supresión del absolutismo, el feudalismo y la Inquisición. La reina madre apostó por el desarrollo del sistema constitucional con la aprobación del Estatuto Real (1834), una Carta Otorgada caracterizada por la soberanía compartida Rey-Cortes; la división de poderes: ejecutivo (Gobierno), legislativo (Rey y Cortes) y judicial (Justicia); el establecimiento del sistema bicameral con las Cámaras de Próceres (de elección real) y Procuradores (de elección popular mediante sufragio censitario), y la confesionalidad católica. Los diputados del reino de Murcia en las Cortes de 1834-37 fueron: Juan Palarea Blanes, brigadier de caballería; Antonio Posada Rubin, obispo de Murcia y presidente de la Cámara de Procuradores; Miguel Puche Bautista, abogado; Damián de la Santa, abogado; Tomás Valarino Gatorno, abogado, y Ricardo Wall, militar y marqués de Espinardo. 

     Los liberales progresistas conquistaron el poder del Gobierno tras el triunfo de la sublevación de los guardias reales en La Granja de San Ildefonso (Segovia), en el año 1836. El nuevo Ejecutivo convocó Cortes Constituyentes para la elaboración de la Constitución progresista de 1837. Sus principios esenciales son: la soberanía nacional; la división de poderes: ejecutivo (Gobierno), legislativo (Cortes) y judicial (Justicia); el sistema bicameral, con el Senado (de elección real) y el Congreso de los Diputados (de elección popular mediante sufragio censitario), y la tolerancia religiosa. Además, el ministro de Hacienda, Juan Álvarez de Mendizábal, aprobó la desamortización de bienes eclesiásticos para el incremento en la recaudación de la Hacienda Real y la redistribución más equitativa de la riqueza entre la población. Sin embargo, la compra de tierras constituyó un monopolio de la nobleza oligárquica, única clase social con capacidad económica para la adquisición de grandes propiedades en el campo y en la ciudad. Este hecho impidió la creación de una clase media burguesa en España, y constituiría el germen de los problemas de convivencia en las áreas rurales debido a las desigualdades sociales.

     Los diputados del reino de Murcia en las Cortes progresistas de 1837-40 fueron: Diego María Chico de Guzmán, conde de Campillos; Fernando Díaz de Mendoza, conde de Balazote; José Díaz Gil, jefe de sección del Ministerio de Gracia y Justicia; Alfonso Escalante, secretario de Gobernación; Ignacio López Pinto, coronel; Manuel Marín Blázquez, alcalde de Cieza; Joaquín Mir; Joaquín Cayuela, militar; Antonio Pérez de Meca, conde de San Julián; José Antonio Ponzoa Cebrián, catedrático de Matemáticas en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia, catedrático de Economía Política de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, ministro de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar (1838), y recibió la Gran Cruz de Isabel 'La Católica' y de Carlos III por sus distinguidos servicios al Estado; Francisco Javier Saravia Angeler, militar, y repitieron de la legislatura anterior Juan Palarea, mariscal de campo; Miguel Puche, abogado; y Tomás Valarino, abogado. Las Cortes se renovaron en 1839 con la entrada de los diputados por Murcia Juan Álvarez de Mendizábal, ex-ministro; Antonio Moya Angeler, abogado; Juan Rodríguez Guillén, Antonio Rolandi y Miguel Andrés Starico, comerciante.

     El pronunciamiento militar de 1840 provocó la caída de la regente María Cristina. La reina madre entregó la Regencia al general Baldomero Espartero, duque de la Victoria y héroe isabelino en la Guerra Carlista. Las nuevas Cortes incluyeron a los diputados por Murcia Joaquín Fernández de Córdoba, propietario; Diego Pareja Torres, magistrado; Mariano de la Paz García, propietario; José María Pérez Quintana, senador; Mariano Roca de Togores, propietario; Miguel Ándrés Stárico, comerciante; Eusebio María del Valle, catedrático, y Antonio Villaralbo Frías, intendente, y repitieron legislatura Juan Mendizábal, Diego María Chico, Fernando Díaz, José Díaz, Alfonso Escalante, Antonio Moya y Juan Palarea. Baldomero Espartero nombró al jefe político de la provincia de Murcia, Pedro Chacón, ministro de la Guerra en 1840. El regente impuso un gobierno dictatorial, con lo que consiguió la oposición de la mayor parte del pueblo español. El levantamiento de los generales Ramón María Narváez y Leopoldo O’Donell logró el derrocamiento de Espartero en 1843, con el apoyo de los liberales moderados y progresistas.

  Antonio Gómez-Guillamón Buendía