La expulsión de los moriscos supuso para diversas familias el acceso al poder político, aunque no fueron las únicas que se beneficiaron de la deportación. A diversos miembros de los sectores populares se les abrió la posibilidad de comprar bienes a bajo precio, accediendo así a la propiedad de la tierra y surgiendo verdaderos oligarcas que pasarían a dominar la vida local, convirtiéndose los pequeños propietarios en arrendatarios o simples jornaleros. Así como a la propia corona, que expropió todos estos bienes para beneficiar su hacienda con las ventas.

Un ejemplo de esto lo constituye la cédula emitida en febrero de 1600, mandando al Consejo de Hacienda el cobro de todos los bienes pertenecientes a los moriscos, los cuales debían venderlos, arrendarlos o dejarlos en disposición del Consejo de Hacienda, con el fin de acrecentar las arcas reales. Esto último puede constituir perfectamente una de las causas de la expulsión, debido a la situación de bancarrota que vivía la monarquía hispánica por sus campañas bélicas en Europa. Aunque las verdaderas motivaciones no parecen del todo claras, esta tesis puede ser tan válida como las de tipo religioso o cultural, favoreciendo a la Hacienda Real a costa del perjuicio de los reinos y las autoridades donde habitaba toda esta población. Por ello, a pesar de informes como el del Fray Pereda, encargado por el propio monarca y donde se destaca su cristiandad y excelente integración, se llevó a cabo la expulsión, pasando todos los bienes moriscos a disposición real para su venta.

Los moriscos murcianos emprendieron toda una serie de estrategias para salvaguardar la posesión de sus bienes, como dejar a sus hijos menores (no expulsados) la administración de estos como tutores, traspasarlos a conocidos o donarlos a conventos, todo ello con la idea de recuperarlos. Esto se muestra perfectamente en una Cédula del 14 de noviembre de 1609, donde se pretenden investigar las ventas y enajenaciones efectuadas, intentando detectar fraudes, los cuales debían ser anulados. Tras lo cual debían ser tasados y vendidos en beneficio de la corona, circunstancia que refuerza aun más la idea de la causa principal de la expulsión antes citada.

A los compradores se les aseguraba el goce sus bienes de manera perpetua y libertad para disponer de ellos, así como su valía, la no posibilidad de embargo, su protección en caso de pleitos y la restitución de los pagado si así fuera, entregándoles cantidades extras por obras acometidas. Es decir, se dispusieron unas condiciones muy ventajosas para que los compradores se interesaran por estas propiedades, las cuales eran sacadas a subasta o vendidas directamente si su valor no excedía de 50 ducados.

Un ejemplo se produjo en las zonas de huerta y campo pertenecientes a la jurisdicción de la villa de Mula (zonas de Campos, Huerta de Arriba y Huerta de Abajo). Vecinos de esta ciudad (Rodrigo de Mena Melgarejo y don Francisco Fernández Melgarejo) accedieron a propiedades pertenecientes a moriscos deportados, siendo vendidos a un precio de 5 ducados por tahulla en la zona de secano, 3 en la de huerta y 1 por cada fanega de sembraduría. Las tierras pertenecían a los moriscos expulsados: Alonso López, Juan Dato Bermejo, Pedro Dato y Diego de Arroniz, saliendo a subasta el 18 de mayo de 1617 y constituyendo 35 tahullas y media en las zonas de huerta y 53 fanegas en las de secano, pagándose 2.513 reales (103.622 maravedíes). Eran propiedades libres de toda carga y enajenación, pagando la Hacienda Real las posibles deudas de sus antiguos propietarios.

Este es un excelente ejemplo de como ciertas familias fueron altamente beneficiadas por la expulsión morisca, como es el caso de estos Melgarejo, que se convirtieron en auténticos oligarcas en Mula al comprar la mayoría de los bienes pertenecientes a los moriscos en la zona de la Puebla de Mula, aldea donde el informe de Fray Juan Pereda revela que residían 156 moriscos y 36 cristianos viejos, lo cuales no parecían tener una buena relación debido a su escasa mezcla por matrimonios.

En definitiva, muchos intereses, tanto reales como particulares, confluyeron a favor de la expulsión. Solo debemos observar las palabras de Fray Juan de Pereda: - (...) esta gente señaladamente en el valle de Ricote y de algunos otros lugares (donde anda de ordinario en sus manos el gouierno) tienen muchos enemigos hora por castigos de los excesos que han hecho los christianos viejos que viuen en sus lugares ora por competencias en los officios públicos y gouiernos ora por cudicia de querer quedarse con sus bienes mediante su expulsión, de todo lo cual me he enterado certissimamente y aun no falta quien dice que otras personas graues por sus particulares respetos y intereses ayudan mucho a la expulsion desta gente.-