Hasta hace poco tiempo, cuando una persona se veía en dificultades económicas que le impedían pagar sus deudas, el proceso habitual que se seguía era el embargo de sus bienes. En estas deudas podían figurar desde hipotecas, créditos bancarios o sin garantía, hasta deudas impositivas o compras financiadas con tarjeta de crédito.

Sin embargo, en septiembre de 2004 entró en vigor la Ley Concursal, gracias a la cual la quiebra y la suspensión de pagos, de las que antes sólo se beneficiaban las empresas, se pueden aplicar también a las personas físicas.

Así, frente a la situación de no poder pagar, ya no queda el único camino del embargo. Con la Ley Concursal, el deudor puede abrir un proceso judicial que, de manera inmediata, tiene las siguientes consecuencias:

• Paraliza las demandas interpuestas por la falta de pago y la ejecución de los bienes que se están tramitando, incluidas las hipotecarias.

• Interrumpe la acumulación de intereses en los créditos impagados.

• Permite reanudar los contratos de crédito que habían sido interrumpidos por falta de pago.

• Posibilita una reducción de la deuda de hasta un 50 por ciento.

• Permite conseguir hasta cinco años de aplazamiento.

FUENTE: REVISTA 'CONSUMER'