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Protección de la Propiedad

Es la acción del propietario no poseedor contra el poseedor no propietario que tiene como finalidad la declaración de su derecho y la consiguiente restitución de la cosa.

La acción reivindicatoria tiene naturaleza declarativa y condenatoria.

Para poder ejercer la acción reivindicatoria es necesaria la concurrencia de tres requisitos, dominio del actor, posesión injusta por el demandado e identificación de la cosa.

El actor ha de demostrar por cuantos medios sean válidos en Derecho que es el propietario, e incluso que el título sea justo, legítimo, eficaz y de mejor condición y origen que el otro.

El poseedor demandado no debe poseer ningún tipo de título que legitime su posesión.

El sujeto que afirme ser propietario, debe identificarlo correctamente, de tal manera que no quepan dudas acerca de su identidad.

     Es la acción del propietario no poseedor contra el poseedor no propietario que tiene como finalidad la declaración de su derecho y la consiguiente restitución de la cosa.

     Debido a su importancia para la salvaguarda de la propiedad se encuentra definida en el mismo artículo que ésta, a saber:

     “El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla” (artículo 348 Código Civil).

     La reivindicatoria es una acción con una doble naturaleza: declarativa y condenatoria.

     Es declarativa porque tiene como finalidad obtener una resolución donde se afirme que el derecho de propiedad pertenece a un determinado sujeto y es de condena porque, además, persigue la restitución de la cosa, obligando al poseedor no propietario a su devolución.

     Se trata de una acción real y, por ello, va indisolublemente unida a la cosa: el sujeto de la misma será tal mientras sea el propietario, es decir, mientras exista un vínculo con el objeto. Debido a esa especial vinculación, la acción reivindicatoria es intransmisible por sí misma: si se transmite, se estará transmitiendo, a su vez, la propiedad.

     Para poder ejercitar tal acción es precisa la concurrencia de tres requisitos:

  • Dominio del actor. El actor ha de ser propietario y, además, ha de probarlo por cuantos medios sean válidos en Derecho. Normalmente se trata de una prueba flexible que puede hacerse de muy distintas maneras (a través de documentos, notoriedad, declaraciones de testigos, información de registros públicos...) y que, en muchas ocasiones vendrá facilitada por presunciones jurídicas como la establecida en el 464 CC sobre bienes muebles (en la que la posesión de buena fe se reputa como título válido) o la del artículo 38 de la Ley Hipotecaria para bienes inmuebles inmatriculados (que presume cierta toda información inscrita en el correspondiente registro de la propiedad).

     Es posible que el poseedor demandado alegue otros motivos que justifiquen de alguna manera su posición, por lo que el actor no sólo debe probar su título, sino demostrar que éste es justo, legítimo, eficaz y de mejor condición y origen que el otro ya que en caso de duda, el juez tendrá que absolver al demandado en aplicación de los principios procesales generales.

     Una vez que haya probado la existencia del título debe igualmente probar su validez y eficacia. Para ello tendrá que acreditar que fue adquirido de quien, a su vez, fue propietario –es decir, reconstruir la cadena de causalidad, lo cual a veces es muy complicado– hasta cumplir el plazo de prescripción adquisitiva que se determine según el bien.

     Entre los medios de prueba más comunes en este tipo de procesos aparecen:

– la usucapión del bien.

– la presentación de un título. Si una de las partes tiene un título justificativo anterior al hecho de la posesión, se presume propietario.

     Si ambas invocan un mismo título, se prefiere el más antiguo.

     Si invocan títulos diferentes, deberá resolver el juez conforme a la equidad.

– otras presunciones en defecto de título (posesión, catastro, testimonios etc).

  • Posesión injusta por el demandado. El poseedor demandado ha de serlo injustificadamente, es decir, no tiene que tener un título que de alguna manera legitime su posesión. En este caso no se exige que el título sea de propiedad, sino que vale cualquier otro que le permita el hecho posesorio (Ej. si es un arrendatario con un contrato vigente de arrendamiento)

     La jurisprudencia es constante al exigir la previa impugnación del título con que posea el demandado –si lo tuviere– con el fin de armonizar la protección de la propiedad con el principio de justicia rogada. En efecto, el juez civil no puede otorgar algo que no se le haya solicitado, por lo que no podrá atacar la validez del título del demandante si no se le ha pedido en la demanda.

  • Identificación de la cosa. El sujeto que afirme ser propietario de un determinado bien deberá identificarlo correctamente, de tal manera que no quepan dudas acerca de su identidad. La jurisprudencia suele rechazar referencias genéricas o vagas y exige una determinación lo más concreta y minuciosa posible.

     Este trámite es más sencillo en el caso de bienes inmuebles registrados (bien en el Registro de la propiedad, que se presume cierto según el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, bien en otros registros administrativos que, si bien carecen de esa fuerza a priori, sirven para crear normalmente una certeza suficiente en el ánimo del juez) ya que su carácter inmueble impide que sean objeto de ocultación o modificación espacial.

     En cualquier caso, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé en su artículo 256 una diligencia preliminar con este fin, a saber: “Mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio”.

     Igualmente, el demandado puede solicitar medidas cautelares para evitar conductas o situaciones dañosas para sus intereses legítimos, si el juez las considera necesarias. En concreto puede pedir la anotación preventiva de demanda en el Registro de la Propiedad –para el caso de inmuebles inscritos– o el secuestro judicial –para los bienes muebles–.

     Si esta acción prospera, se producirá una sentencia que declarará la propiedad respecto del sujeto y a su vez ordenará la restitución de la misma –pudiendo llegar a emplear la fuerza si el poseedor no colaborare–.

     En el caso de que la cosa fuera fructífera y hubiera producido frutos, el poseedor tendrá que devolverlos por todo el tiempo que poseyera con mala fe, no así si lo hizo convencido de la legitimidad de su posesión. En general, el poseedor tendrá un derecho de retención respecto al bien hasta que no se le abonen las cantidades que pudieran devengársele (ej. si hubiera realizado mejoras o inversiones).

     Si el poseedor no posee la cosa en el momento previsto para la restitución deberá abonar la correspondiente indemnización, que se calculará conforme al valor de mercado real del objeto.

     Por último, en caso de mala fe, puede el propietario solicitar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta del poseedor, que será fijada por el juez, en su caso, conforme a los datos aportados.

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