Con el objetivo de adaptar el ordenamiento jurídico español a la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo, ha entrado en vigor el nuevo Real Decreto sobre Seguridad General de los Productos, cuya razón de ser es garantizar que los bienes del mercado no supongan un riesgo para la salud y seguridad de los consumidores.

Las principales novedades de esta Ley residen en el papel de la Administración pública, que no ha de limitarse a ordenar la inmovilización de artículos irregulares, sino que además debe asegurarse de que esos bienes se destruyen o se adecuan a la legislación; la obligación del productor a mantenerse informado sobre los riesgos que sus artículos puedan presentar, para así cumplir su retirada del mercado; y el deber de los distribuidores de no suministrar productos de los que tengan constancia de su inseguridad.