Económicas
En el orden económico es donde se advierte una mayor incidencia. De los 138.106.248 mrs. en que se tasaron los bienes de los moriscos la mitad quedaba para la Real Hacienda. La parte que le correspondió de los bienes del Valle ascendió a 3.308.021 mrs. Estos bienes quedaban en cada lugar a cargo de un fiel encargado de su administración. Durante unos 30 años en que se estuvieron vendiendo o arrendando fueron varios los que ejercieron como tales jueces.
Si bien en las subastas no hay una expresa incidencia de grandes propietarios, como sí la hubo en los días previos a la expulsión, en algunas localidades surgieron verdaderos oligarcas, cuyas familias pasarían a dominar la vida de los pueblos. Así ocurrió en Ulea con Francisco Muñetones y sus sucesores los Rueda Benavides, en Ojós los Massa y Melgarejo, en Blanca los Castillo, Molina, Yáñez, etc., en Ricote los Llamas, en Villanueva los López Suárez; los Anaya, Junco y Arce en Archena, etc.
También el concejo de Blanca manifestaba en 1619, que se seguían muchas causas y procesos contra los vecinos e incluso el alguacil estaba preso). Los únicos recursos de estos ayuntamientos residían en la venta de las hierbas, pero también en esto se pasó de tener postores en las subastas públicas, a tener que enviar emisarios a San Clemente, Villarrobledo, Chinchilla, Albacete y otras partes para tratar de venderlas a cualquier precio y por largos períodos de tiempo: 2, 4, 6, 8 y hasta 10 años. Incluso los ganaderos de Cehegín y Moratalla intentaban aprovecharse de ellos gratuitamente obteniendo a la sazón reales provisiones bajo el pretexto de que dichas villas estaban también en tierras de la Orden de Santiago y por tanto había comunidad de pastos. Las quejas del Valle llegaron en 1618 hasta el Real Consejo de las Órdenes, ante lo que habría supuesto la despoblación total de las seis villas.
Relaciones con la Encomienda
En el momento de la expulsión gozaba la Encomienda de Val de Ricote don Pedro de Toledo y Osario, Marqués de Villafranca, del Consejo de Estado de su Majestad y General de las Galeras de España, quien estuvo de comendador el período comprendido entre 1581 y 1627. El alejamiento de don Pedro fue total.
Cuando en 1611 se intenta expulsarlos nuevamente y la acción queda paralizada, don Pedro exige la décima en las ventas de heredades. Los concejos del Valle le ponen pleito, pero ante su precaria situación van capitulando. El 1º de mayo de 1612 lo hace el de Blanca. Un año más tarde haría lo mismo el de Ulea.
Sociales y políticas
De los cuatro párrocos existentes en el Valle cuando lo visita Pereda, los de Blanca y Ulea-Villanueva tenían malas relaciones con los moriscos. Ejercía en Blanca el bachiller Cristóbal de Ayala Guerrero, natural de Moratalla; y el licenciado Ginés Melgares, natural de Caravaca, en Ulea-Villanueva. Ambos, vísperas de la expulsión y, presumiblemente, ante el temor de que algo pudiese ocurrirles, decidieron permutar sus destinos. En los años siguientes a la expulsión aumentó el bandolerismo a causa de los huidos y de los que regresaban con ánimo de venganza contra sus delatores o las personas que los habían incluido en las listas. Entre los delitos cometidos se cita el asesinato del cura de Blanca, para cuyo asunto envió el Real Consejo al Gobernador del partido de Caravaca. Salceda encarceló a Juan de Molina Cachopo y otros vecinos de Blanca acusándoles de la muerte de Diego Elvira.
Junto a los curas de Blanca y Ulea, cita Pereda otros dos enemigos declarados de los moriscos. Uno en Abarán, el licenciado Munguía, y otro en Villanueva, Hernán López. Hernán López, conocido pronto en Villanueva y todo el Valle como don Fernando López Suárez. Cuando se entrevistó con Pereda debía tener unos 41 años y era hombre de buen cuerpo, entrecano, con una señal de herida en la nariz y otra encima de la frente en la cabeza. De él partieron las más acérrimas denuncias contra los mudéjares, y como hombre poderoso no dudó en aprovecharse de ellos para enriquecerse. En el momento de la expulsión, el capitán don Juan del Corral, Comisario para Villanueva, lo nombró alcalde ordinario, recibiendo como tal el 13-XII-1613, 285.503 mrs. en cuartos y plata, y 32.270 mrs. en 56 fanegas de trigo, a 18 rs. cada una, como bienes de los Propios y del Pósito, entregados por los miembros moriscos del concejo cesado. Se apropió entonces de importantes bienes e incluso prendió, acusándoles de robo, y puso en Murcia a disposición del Juez de bienes confiscados, a Jaime, Pedro, Marco y Juan de Robles, que intentaban posesionarse de los bienes de sus prometidas. Sebastián de Arce, alcalde también, se querelló de él ante la Rl. Chancillería de Granada, a donde fue conducido preso en el verano de 1615. Estuvo poco tiempo allí, y al regreso aumentó sus poderes comprando dos oficios de regidor perpetuo -que puso en personas de su con-fianza-, y el de alférez mayor, que ejerció. Llego a ser Teniente de Gobernador en el Valle, y murió en 1628 sin dejar descendencia.
Donde sí se notó el cambio fue en los grupos oligárquicos que dominaban los concejos, en su mayoría constituidos por regidores perpetuos. A partir de la expulsión nuevas familias pasaron a gobernar las villas. Por el contrario, en Archena, el comendador se alzó con toda la jurisdicción disponiendo de ella a su antojo. En otros lugares, como Alguazas, los hidalgos comenzaron a pedir la mitad de oficios, cosa que no se había acostumbrado, con los consiguientes pleitos y enemistades.
