La dictadura de Franco ejerció un control absoluto sobre los medios de comunicación hasta principios de los sesenta. Se hizo de la prensa un instrumento de propaganda del Régimen y de sus representantes. Los grupos que apoyaron el levantamiento militar de 1936 y los responsables políticos del régimen franquista consideraban a la prensa, por su evidente influencia y su poderosa facultad persuasiva, responsable de la situación caótica en la que España se encontraba y que había exigido el golpe del 18 de julio de 1936; de modo que al instaurarse la dictadura franquista, ésta rompió con la tradición doctrinal y legal del periodismo español, y la sustituyó por un sistema de prensa basado en los controles previos a la publicación, controles sobre los periodistas, las empresas editoras y los contenidos. La Ley Prensa de 1938, vigente más de veinte años, no sólo establecía la censura previa sino que trazaba un amplio sistema de control por medio de medidas represivas sobre los profesionales de la información y las empresas editoras.
La prensa de la época ofrecía un contenido e ideología uniforme al servicio del poder, difundiendo mediante consignas, su propaganda política. En la Región, como órganos de Falange Española, aparecen Línea Nacional Sindicalista (Murcia, 1939-1983) más adelante pasó a titularse Línea; y Cartagena Nueva (Marzo-octubre 1939) mucho más radicalizado por lo que fue cesado, publicándose en su lugar Hoja Oficial de Cartagena (1939-1940) dirigido por la Jefatura de Propaganda. Apenas se publicaba nada sobre los verdaderos motivos del aislamiento político internacional, o sobre la realidad económica del país, ni sobre otras cuestiones que afectaban al país pero que el régimen no consideraba oportunas.
Durante el régimen franquista desaparece la prensa local que tanto auge había tenido en diversas localidades de la Región. Sólo se mantuvieron el Noticiero de Cartagena (1940-1974) y La Verdad (Murcia, 1939), adquirida en 1943 por la Editorial Católica, que reaparecen tras el fin de la guerra. En Murcia surgió la Hoja del Lunes (1943-1989) editada por la Asociación de la Prensa y Murcia Sindical (1949-1974) órgano de los sindicatos verticales franquistas.
La propia evolución institucional del régimen de Franco encontró oportuno a principios de los 60 llevar a cabo un proceso de modernización que asegurara su continuidad en el futuro. A pesar de ser ésta una idea generalizada entre la clase política, había divisiones internas respecto a cuál debía ser el resultado de ese proceso. Para algunos el cambio debía ser profundo, había que adaptar los órganos e instituciones del Estado a la realidad económica, social y política del momento, y abrir cauces de participación social. En este contexto, y aún sin el respaldo unánime de toda la clase política, las iniciativas legales aperturistas fueron un hecho tras la aprobación de la Ley de Prensa, entre otras, en 1966.
La Ley de Prensa suprimía, al menos sobre el papel, la censura previa, otorgaba libertad para designar al director del periódico y establecía la posibilidad de participar en empresas informativas. Sin embargo, eran muchos los artículos con matices restrictivos, por ejemplo el artículo 2 obligaba al respeto a los Principios del Movimiento Nacional y a las Leyes Fundamentales, lo que limitaba el ejercicio de dicha libertad, pareciendo que sólo era posible publicar las opiniones que vinieran de los diversos sectores franquistas. De modo que esta Ley de Prensa, por medio de este artículo 2, era un instrumento para sancionar cualquier tipo de crítica. Además, permanecía la obligatoriedad de publicar gratis los textos considerados “información de interés general”, así como la concesión a la agencia EFE del monopolio sobre la distribución de noticias internacionales recibidas desde el extranjero.
Con todo, la Ley supuso una expansión de la prensa no oficial y permitió que dicha prensa ejerciera la libertad de expresión y adoptara una leve postura informativa crítica a pesar de las penalizaciones. La prensa se diversificó y pluralizó lo que contribuyó a desarrollo pacífico de la transición democrática.
La promulgación del Decreto de 1 de abril de 1977 fue un avance en el reconocimiento del derecho a la información del ciudadano; dicho derecho fue reconocido definitivamente con la promulgación de la Constitución de 1978.
La prensa española representa hoy una de las mejores garantías de las libertades de expresión e información que aparecen recogidas en el artículo 20 de la Constitución de 1978. Ha recuperado sus libertades plenamente y constituye uno de los pilares de la democracia.
