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La Orden de Santiago en el Valle de Ricote

Fachada de la Encomienda de Ricote
Fachada de la Encomienda de Ricote
 
La cruz de Santiago en la iglesia de Ricote
La cruz de Santiago en la iglesia de Ricote

    La Orden de Santiago, por mano armada de quien era comendador mayor de Castilla, Pelay Pérez Correa -posteriormente maestre- en 1242 conquista el territorio del iqlim de Segura. Fernando III, Rey de Castilla y León, por carta dada en Burgos el 21 de agosto de dicho año, cede el territorio a la Orden, sin especificar qué castillos constituyen el distrito de Segura de la Sierra. Este asunto es aclarado por la carta de ratificación, otorgada por el infante Alfonso -futuro X el Sabio-, dada en Murcia a 5 de julio de 1243.

 No fue hasta 1285 cuando la Orden de Santiago se instaló en el Valle de Ricote. Hasta esa fecha, y bajo dominio cristiano, el Valle de Ricote había estado concedido en señorío a Enrique Pérez de Arana, quien nombró como su representante a Pedro Peláez de Contreras, alcalde de Murcia, y cuya posesión mantuvo hasta que Sancho IV, Rey de Castilla y León, cedió el Valle a la Orden de Santiago en la fecha antes señalada. La Encomienda, centro gubernamental de la Orden de Santiago en el Valle de Ricote, comprendía las actuales poblaciones de Abarán, Blanca, Ojós, Ricote y Ulea.

     La Orden de Santiago aceptó como pobladores a los mudéjares que ya vivían en el Valle de Ricote y que buscaron su protección para asegurarse un medio de vida aceptable. Sus leyes fueron respetadas y les permitieron utilizar sus mezquitas, manteniendo su modo de vida y cultura árabe. A cambio, la Encomienda de la Orden de Santiago se hizo con el control de los molinos de harina, almazaras, hornos y batanes, controlando la producción y la transformación de los productos agrícolas, para lo cual utilizó a los mudéjares como mano de obra necesaria.

     El poder económico, social y, por ende, político de la encomienda santiaguista de Ricote la convirtió de inmediato en un punto importante de disputas y control por parte de los sucesivos reyes de Castilla y Aragón. Según el historiador Angel Ríos Martínez en su libro 'Blanca. Una página de su Historia', la donación del reino murciano que el 21 de enero de 1296 hizo el infante de Castilla Alfonso de la Cerda al Rey de Aragón Jaime II, a cambio de su ayuda para conseguir el trono castellano, fue el punto de partida para que el monarca aragonés hiciera realidad su deseo de ocupación de Murcia, aprovechando la minoría de edad de Fernando IV de Castilla. Gran parte del territorio murciano quedó bajo el poder de Aragón desde 1296 a 1304 tras una invasión militar. El señorío de la Orden de Santiago en Murcia era uno de los poderes que Jaime II debía atraer a su causa expansionista para que su ocupación del sureste peninsular fuese un éxito.

     Según las crónicas y manuscritos históricos conservados, el 25 de mayo de 1296 llegaron a Murcia los comendadores de Ricote y Cieza, Don Fernando Pérez y Don Juan Martínez, donde fueron recibidos por Jaime II de Aragón, que les pidió que como a un Rey y señor le obedecieran a lo que ellos respondieron que sin licencia expresa del maestre de la Orden de Santiago no lo podían hacer. Sin embargo, éstos recibieron la consigna del maestre de la Orden de que se someterían al monarca aragonés si éste aprobaba y confirmaba todos los fueros, privilegios y libertades que los reyes castellanos les habían concedido en el reino murciano. El 11 de junio de 1296, en Murcia, en la casa del monarca juraron obediencia a Jaime II por sus respectivos lugares, así como por Aledo, Blanca, Ojós y demás territorios del reino, prometiendo, tal y como él lo había pedido, hacer por él paz y guerra y todos los servicios que habían prestado a los anteriores soberanos de Murcia.

     Sin embargo, la fidelidad de la Orden de Santiago hacia el reino de Castilla motivó a principios del siglo XIV continuos conflictos con Jaime II, sobre todo cuando el Rey castellano Fernando IV estaba a punto conquistar el reino de Murcia. La Sentencia de Torrellas del 8 de agosto de 1304 aprobó la división del reino de Murcia, quedando para Castilla y su Rey Fernando IV la parte más meridional, incluyendo el Valle de Ricote y para la corona catalano-aragonesa las comarcas más septentrionales.

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