El bienio de izquierdas: el tren de Murcia a Caravaca

     La proclamación de la II República en España el 14 de abril de 1931 supuso el traspaso del poder político de la monarquía a un Gobierno provisional, bajo la presidencia de Niceto Alcalá-Zamora. Los integrantes del Pacto de San Sebastián formaron parte del primer Ejecutivo republicano. Su principal tarea consistía en la convocatoria de Cortes Constituyentes.

     Las elecciones generales del 28 de junio de 1931 dieron la victoria a la coalición republicano-socialista. Alcalá-Zamora continuó en la presidencia del Gobierno y nombró de ministros a Miguel Maura (Derecha Liberal Republicana), Alejandro Lerroux y Martínez Barrio (P. Republicano Radical), Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo (P. Radical Socialista), Indalecio Prieto, Largo Caballero y Fernando de los Ríos (PSOE), Manuel Azaña (Alianza Republicana), Casares Quiroga (ORGA) y Nicolau d’ Olwer (Acció Catalana). Además, el primer ministro nombró al socialista Julián Besteiro presidente de las Cortes, al cartagenero Juan José Rocha embajador de España en Portugal (1931-33) y al muleño Juan Antonio Perea nuevo director de Obras Públicas.

     En la provincia de Murcia, el Partido Republicano Radical obtuvo cinco escaños en las Cortes, el PSOE y el P. Radical Socialista consiguieron tres asientos cada uno y Acción Republicana dos. Los 13 diputados murcianos en el Parlamento del bienio de izquierdas fueron: José Cardona Serra (PRR), concejal del Ayuntamiento de Murcia;  Salvador Martínez-Moya (PRR), catedrático de la Universidad de Murcia; Miguel Rivera Ruiz (PRR), director del Instituto de Enseñanza Media de Murcia; José Templado Martínez (PRR), médico del Ayuntamiento de Cieza; Ángel Rizo Bayona (PRR), teniente de corbeta de la Armada; Luis Prieto Jiménez (PSOE), médico; José Ruiz del Toro (PSOE), periodista; Laureano Sánchez Gallego (PSOE), catedrático de Derecho de la Universidad de Murcia; Francisco López de Goicoechea (PRS), abogado del Ministerio de Trabajo; José Moreno Galvache (PRS), farmaceútico; Ramón Navarro Vives (PRS), aparejador; Gonzalo Figueroa O’Neill (AR), consejero del ferrocarril Peñarroya-Puertollano, y Mariano Ruiz-Funes (AR), catedrático de Derecho de la Universidad de Murcia.

     El Gobierno nombró como gobernadores civiles de Murcia en el bienio de izquierdas al independiente Antonio Torres Roldán (17-4-1931/10-6-1931), al republicano conservador Carlos Borrero y Álvarez Mendizábal (10-6-1931/30-12-1931), al republicano progresista Armando Peñamaría Álvarez (30-12-1931/17-8-1932), al azañista José María Varela Rendueles (17-8-1932/14-9-1933) y a los radicales José Martínez Elorza (14-9-1933/13-10-1933) y José Maldonado Ayuso (13-10-1933/20-12-1933). Además, el Ejecutivo designó a los murcianos Victoriano Rivera Gallo (PRR) y José Moreno Galvache (PRS) gobernadores civiles de Huesca y Zamora, respectivamente, en 1931.

     El gobierno republicano-socialista emprendió una triple reforma: eclesiástica, agraria y militar. La reforma eclesiástica se aprobó con la Ley de Confesiones y Congregaciones. Esta legislación suponía la retirada de las ayudas públicas a la Iglesia, la expropiación de sus bienes y propiedades, la atribución del Gobierno para la disolución de las órdenes religiosas, la prohibición al clero de ejercer la enseñanza y el comercio. Las críticas del cardenal primado de España, Pedro Segura, al régimen republicano y las protestas del nuevo Gobierno ante el Vaticano provocaron su sustitución en el cargo por Isidro Gomá. "Cuando los enemigos del reinado de Jesucristo avanzan resueltamente, ningún católico puede permanecer inactivo". Grupos de exaltados respondieron con la quema de iglesias y conventos el 11 de mayo de 1931 en Madrid. En la ciudad de Murcia, en la madrugada del 11 al 12 de mayo, los malhechores incendiaron el edificio del taller de impresión del diario católico 'La Verdad', con la familia del encargado en su interior, y un quiosco de venta del periódico en la plaza de la Cruz. Por fortuna, los incidentes anticlericales se saldaron sin víctimas mortales. El enfrentamiento entre el Ejecutivo republicano y la Iglesia alcanzó su punto máximo con la disolución de la Compañía de Jesús en 1932. 

     La Ley de Bases de la Reforma Agraria conllevaba la modificación del régimen de la propiedad de la tierra para una distribución equitativa de la riqueza. El Instituto de la Reforma Agraria se encargaba del inventario de bienes y personas susceptibles de expropiación. Las tierras expropiables eran: las denominadas 'manos muertas'; las no cultivadas por el dueño; las arrendadas durante más de doce años; las que excedían un quinto de la superficie total del municipio, y las del Estado. El Gobierno compensaría a los propietarios con una indemnización entre el 5 y el 20 % del valor total de la tierra. Los candidatos a un trozo de tierra eran: los campesinos en paro, los jornaleros y los pequeños propietarios. La lentitud en la aplicación de la reforma agraria por la falta de presupuesto provocó una gran conflictividad social en el campo, con la ocupación ilegal de tierras. En Águilas, los sindicatos convocaron una huelga revolucionaria en 1932, debido al aumento imparable del paro agrario y del coste de la vida. El Ayuntamiento logró la paz social, sin coste en vidas, imponiendo una bajada de precios en los productos básicos de la alimentación.

     La reforma militar del presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, Manuel Azaña, consistía: en la obligatoria adhesión de los soldados a la República; la eliminación de la macro-oficialidad con el pase a la reserva de numerosos militares con su sueldo íntegro; la anulación de los ascensos por méritos de guerra y el cierre de la Academia Militar de Zaragoza (bajo la dirección de Francisco Franco) por "falta de presupuesto". La Ley Azaña provocó el malestar de un sector del Ejército, los 'africanistas'. Las críticas de  José Sanjurjo generaron su reemplazamiento por el general cartagenero Miguel Cabanellas al frente de la Guardia Civil. Hasta entonces, Cabanellas había sido capitán general de Andalucía y jefe del ejército de Marruecos con el nuevo régimen. El general Sanjurjo respondió con un golpe de Estado, la 'Sanjurjada', el 10 de agosto de 1932. La sublevación triunfó en Sevilla, pero fracasó en el resto de España debido a la falta de apoyo civil y militar. Las fuerzas de seguridad apresaron al caudillo y la Justicia le condenó a cadena perpetua. El Ayuntamiento de Murcia emitió un comunicado de condena contra el golpe. "Hacemos un llamamiento a las fuerzas republicanas y socialistas de la provincia para que si llegara el caso defiendan con los medios precisos la libertad, la democracia y la república, demostrando que España ha dejado de ser un país servil capaz de someterse a la fuerza de militares desleales".

     En nuestra provincia, el Gobierno republicano inauguró el 28 de mayo de 1933 el ferrocarril Murcia-Caravaca de la Cruz. La línea ferroviaria se construyó entre 1925 y 1931 durante la dictadura de Primo de Rivera. El ministro murciano Juan de la Cierva Peñafiel fue el gran impulsor de la infraestructura para la mejora de las comunicaciones entre la capital del Segura y la comarca del Noroeste. El trazado ferroviario partía de la estación de Zaraiche en Murcia y pasaba por Alguazas, Campos del Río, Mula, Bullas y Cehegín antes de llegar a Caravaca de la Cruz. El tren atravesaba cuarenta pasos a nivel en sus dos trayectos diarios, de mañana y tarde. Las locomotoras de los trenes funcionaban con carbón, los vagones eran de madera y las estaciones, de ladrillo y mampostería. Otro acontecimiento destacado para la región fue la inauguración de la Casa de Murcia en Madrid (1932), bajo la presidencia de Pedro Lorca Marín.

     El panorama político de la nación cambió con la derrota del Gobierno en las elecciones municipales del 23 de abril de 1933. Los partidos de derechas derrotaron a los de izquierdas con 4337 concejales frente a 4268 en los comicios. La pérdida de la mayoría absoluta en las urnas y la crisis interna abierta entre los partidos del Gobierno provocaron la dimisión del primer ministro, Manuel Azaña, el 8 de septiembre de 1933. El jefe del Estado, Alcalá-Zamora, nombró al líder del Partido Republicano Radical, Alejandro Lerroux, nuevo jefe del Gobierno. Sin embargo, el Congreso de los Diputados rechazó su nombramiento mediante votación y Alcalá-Zamora utilizó su potestad para la disolución de las Cortes Generales el 9 de octubre de 1933. De esta manera concluía la labor legislativa del bienio de izquierdas de la II República.

  Antonio Gómez-Guillamón Buendía