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La rotura del pantano de Puentes

Cauce del Guadalentín junto al Puente Viejo
Cauce del Guadalentín junto al Puente Viejo
 
Vista de la zona más alta de Lorca desde el Puente Viejo
Vista de la zona más alta de Lorca desde el Puente Viejo

Desde que se produjo la conquista de Lorca en el siglo XIII, se advirtió que el Río Guadalentín no tenía el caudal suficiente para regar los extensos territorios del campo lorquino. A lo largo de los años se realizaron diversos proyectos para aumentar el canal de aguas que llegaba a Lorca, pero todos los intentos fracasaron por ser inviables o bien por no contar con la infraestructura necesaria.

En 1268 Alfonso X dispuso el carácter de regalía que poseían las aguas del Guadalentín. En un principio quedaron disponibles para ser utilizadas comúnmente por todos los vecinos. Sin embargo, en el siglo XIV algunos propietarios de alquerías vendieron el suelo pero se quedaron con la propiedad del agua, por lo que el suelo y el agua tenían distintos dueños. La propiedad de esta última también se iría transmitiendo de generación en generación a lo largo de los siglos.

En el año 1611, la ciudad de Lorca trató de construir un pantano para represar las aguas de la lluvia. El presupuesto de la obra se estimó en 50.000 ducados que se recuperarían mediante la venta de las aguas. Sin embargo, este proyecto tuvo la oposición de los regidores y de los propietarios de las aguas del río que lo vetaron por considerarlo perjudicial para sus intereses. Durante el siglo XVII corrió el rumor de que siguiendo el caudal del Luchena se podía acceder a un gran río subterráneo, pero los múltiples intentos por encontrar ese nacimiento fueron un fracaso.

Un proyecto muy ambicioso

En la segunda mitad del siglo XVIII, se alumbró un ambicioso proyecto que consistía en la construcción de un canal de navegación desde Lorca hasta Cartagena utilizando las aguas de los ríos Guadalentín, Castril y Guardal, las fuentes de Caravaca y las aguas de los pantanos que se construyeran. Esta propuesta fue realizada en 1770 por Don Pedro Prades y Don Nicolás de la Corviere al Rey Carlos III. A este efecto se constituyó una compañía que se llamó del "Canal de Murcia" a la que el monarca concedió la facultad de incorporar las aguas del río de Lorca pagando su valor a los que se consideraban dueños.

La obra era de una magnitud elevada y tenía como presupuesto 60 millones de reales. Sin embargo, las dificultades de los promotores de la idea para obtener un préstamo llevó al Rey a declarar nula la contrata y adjudicarla a otra compañía que inició las obras en Huéscar. Poco después de comenzadas fue designado Ministro de Estado y Correos el Conde de Floridablanca quien encargó a Pedro López de Lerena un informe sobre el desarrollo del proyecto. López de Lerena llegó a la conclusión de que las obras tenían dificultades insuperables ya que ni el Guardal ni el Castril llevaban el agua que a priori se había calculado. De nuevo hubo que renunciar al  proyecto, aunque en esta ocasión no se abandonaron las obras realizadas.

Construcción de dos pantanos

En 1783 los arquitectos Juan de Villanueva y Jerónimo Martínez de Lara visitan Lorca para estudiar la viabilidad de las obras que se habían paralizado unos años antes. El 14 de enero de 1785, ambos arquitectos remiten al Conde de Floridablanca un proyecto en el que se detallaban los beneficios que tendría para la población la construcción de uno o varios pantanos. Villanueva y Martínez de Lara afirmaban que Lorca no tenía más de 10.000 fanegas de regadío y que si se aprovechaban las aguas de los pantanos podían llegar a ser 40.000 obteniendo como resultado un beneficio de 28 millones de reales, además del precio al que se vendieran las aguas.

El Conde de Floridablanca tras conocer el informe favorable dio su aprobación a realización de este proyecto. El permiso de Floridablanca culminó con un decreto de 11 de febrero de 1785 firmado por Carlos III en el que el Rey daba el visto bueno a la construcción de dos pantanos de regadío y declaraba extinguida la compañía del "Canal de Murcia", aunque se aprovecharían en lo posible las obras realizadas por ésta. En este decreto se nombró director de las obras a Jerónimo Martínez de Lara y Comisario-Regio a Antonio Robles-Vives, natural de Lorca, ministro togado del Consejo de Hacienda y cuñado del Conde de Floridablanca. Robles-Vives debía de permanecer en las obras mientras se llevara a cabo su ejecución. Los gastos irían a cargo de la Real Hacienda.

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