El año 1855 comenzaba con problemas que harán aflorar las contradicciones del proceso comenzado pocos meses antes. El Estado se encontraba sin fondos, en una situación que si no era de bancarrota poco le faltaba. Ante esta carestía el ministro Madoz plantea una nueva desamortización con garantías dinerarias para los propietarios. Comienza en las Cortes la discusión sobre la liberad de cultos, la base segunda de la Constitución; las diferencias de opinión y los conflictos sobre este asunto eran generales en toda España. El caso es que entre el proyecto desamortizador y el proyecto de libertad de cultos se abre una profunda crisis diplomática con la Santa Sede, que llevaba aparejado un pulso interno permanente con la Iglesia española, que a su vez podía dar ''ánimos'' a nuevas intentonas de los carlistas. Para completar el panorama, las existencias de trigo y otros cereales, alimentos básicos para la mayoría de la población, empiezan a escasear y no porque hubieran malas cosechas, sino porque casi toda la producción se exportaba debido a la Guerra de Crimea.

   Desde luego, estos conflictos fueron aprovechados por todos aquellos que deseaban volver a la situación anterior, en el caso de los moderados, o por aquellos otros que sencillamente querían subvertir y cambiar la monarquía. En Cartagena, el 9 de enero de 1855 se lee en sesión extraordinaria de Ayuntamiento una circular de apoyo a las Cortes, al Duque de la Victoria y a Su Majestad (curiosamente la reina era una de las mayores enemigas de la revolución) para que mantengan el orden público.

   En el mismo sentido, el día 3 de marzo se recibe en la ciudad un oficio del gobernador con instrucciones del ministro de Gracia y Justicia para que los alcaldes y concejales vigilen que los curas no usen el púlpito para asuntos sociales y políticos y en caso de que lo hagan se mande urgentemente notificación y memoria del caso al gobernador civil. Se les pide también que esta vigilancia se haga con discreción y de forma exquisita. Siguen los problemas y el gobernador ordena al Ayuntamiento que se repriman y vigilen los bulos contra la Constitución que se discute en las Cortes Constituyentes so pretexto de abolir la religión, cerrar templos y otros absurdos, y que persiga por tanto este Ayuntamiento a los enemigos de la libertad y reprima las conspiraciones, asonadas y motines de estos individuos. También era normal que en estos meses se pidieran y cruzaran informes entre ayuntamientos, gobiernos civiles y audiencias territoriales sobre personas que podían ser conspiradores y enemigos de la Revolución y de las libertades; por ejemplo, la Audiencia de Albacete recaba informes al Ayuntamiento de Cartagena sobre las actividades, moralidad, conducta política y aptitud para su profesión del abogado Antonio Chiesanova y Sánchez.

   En Cartagena, situación tranquila

   No parece por la documentación examinada que las actividades contra la revolución fueran muy amplias en Cartagena, antes al contrario, la escasez de clérigos en esas fechas hacía que no tuvieran excesiva fuerza, incluso participaban gustosamente en fiestas típicamente progresistas, como eran las entregas de Banderas a la Milicia Nacional. Por otro lado, parece que la mayoría del vecindario se encontraba contento con la nueva situación, pues no se detecta ningún movimiento militar, político o social en contra del Gobierno de Espartero, parece que, siguiendo la tradición decimonónica, los cartageneros, en su mayoría, se alineaban con las soluciones revolucionarias.