La organización militar estaba viciada. El ejército de tierra y la Armada estaban saturados de mandos y eran en buena parte inoperantes. Los soldados se reclutaban por medio de las 'quintas' de manera forzosa. Espartero planeaba sustituir el reclutamiento obligatorio por un servicio militar voluntario, pero ni había voluntarios, ni había dinero para atraerlos, ni había voluntarios para conseguirlo. Así pues, Espartero, el único hombre de esa época en España que lo hubiera logrado por su prestigio, se desanimó ante tales obstáculos. Se llegó a una componenda: el Ejército se reducía a 70.000 hombres, de los cuales 25.000 serían de recluta y el resto voluntarios.
Si algo había odioso y despreciable para el pueblo en el siglo XIX era la recluta obligatoria, las 'quintas'. Era raro el mozo que no intentaba eludir el compromiso militar. La picaresca era en España variada e incluso, a veces, digna de mención. Se iba desde el disimulo de la enfermedad más pintoresca para lograr así la exención, como hace el mozo José Amorós, que alega ceguera y al mismo tiempo solicita un pasaporte para desplazarse fuera de la Península a trabajar. O como el mozo de Perín, Francisco Díaz, que alega tener ya un hermano en el ejército de ultramar, en Matanzas (Cuba), y lo necesita su padre para las labores del campo; después resultó que el tal hermano estaba muerto y jamás pisó Cuba. O el método más corriente, que era intentar la exención pagándola, es decir, abonando el canon establecido de antemano para no ser reclutado. Esta modalidad era de lo más repugnante, pues el quinto que compraba su exención hacía que corriera la lista y era llamado el que le seguía para sustituirle. Podemos suponer, como es obvio, que esto servía para que los más adinerados se libraran y los más humildes los sustituyeran. De cualquier forma, el sistema contribuía a que las quintas fueran miradas como un servicio pesado e injusto y el ejército como algo en buena parte extraño a las necesidades del pueblo. Y esto sucedía incluso a los cartageneros, personas a las que lo militar' nunca les había sido extraño, sino todo lo contrario.
Hasta los representantes de las instituciones locales defendían con todos los medios legales a su alcance a los mozos de sus distritos para intentar librarlos de tan odioso servicio. Así podemos verlo, por ejemplo, en la reclamación que las diputaciones (pedanías en el resto de la provincia) de Pozo Estrecho y La Palma hacen porque creen que según la distribución de los distritos salen perjudicadas en el sorteo, al tener que aportar más mozos que otras diputaciones. El Ayuntamiento responde que reclamen a la Diputación Provincial que es la que ha efectuado el reparto. O en las disputas entre el Ayuntamiento de Cartagena con los de Murcia o Mazarrón por inscribir en las listas de quintos a un mozo que reclamaban cada uno de ellos; todo para no tener que sacar un nuevo quinto de su municipio. El 7 de febrero de 1855 es sancionada por Su Majestad la Ley de Quintas. Se llamaron a 25.000 hombres, de los que 670 pertenecían al cupo de la provincia de Murcia. Tocaron a Cartagena y su distrito 84 soldados. En 1856 se redimen por pago cinco quintos del cupo de Cartagena. El Ayuntamiento ingresa en la Diputación Provincial por este concepto 10.800 reales; 2.160 reales costaba liberarse del servicio.
