El monarca Jaime II de Aragón
El monarca Jaime II de Aragón
Los comerciantes entran al puerto de Cartagena
Los comerciantes entran al puerto de Cartagena

   Motivación

   Motivos muy diversos, entre los que no faltan algunos sólo perceptibles más tarde en el transcurso de los acontecimientos que se suceden en los años siguientes, se concentran en una línea política encaminada hacia la misma dirección, aunque se enmascare con argumentos y justificaciones de muy distinto valor, pero todas coincidentes en el mismo objetivo: pretensión aragonesa sobre el territorio murciano.

    Dentro de los motivos destacan: el deseo de continuar su frenado avance hacia el sur, detenido por el tratado de Almizra y por la decisión castellana de mantener lo que históricamente, a igual que en el orden jurídico, le pertenecía; la pérdida de la frontera con Granada, fuente inagotable de cuantiosos ingresos, de relaciones y alianzas políticas muy favorables a los intereses aragoneses; no podía faltar tampoco un propósito bien definido en cuanto que el territorio murciano era el único litoral de Castilla en el Mediterráneo, con perspectivas sin fin en el orden económico y político.

   Disparidad a la hora de estudiar esta controvertida fase histórica y antagónicas posiciones, no siempre objetivas muchas de ellas y faltas otras de base documental probatoria; basadas en ocasiones en textos de dudosa validez y algunas en ingeniosos razonamientos, también de frágiles construcciones, más literarias que históricas. Y en todo momento, más por su valor de futuro que no efectivo ni de inmediata realidad, Cartagena es población y puerto que en Aragón se tiene siempre presente como atractiva presa digna de poseer.

   Las primeras intervenciones

   Y la política de cambio comienza cuando inesperadamente se ofrece a la Corona de Aragón un medio tan eficaz como duradero para presionar a Castilla, como lo iba a ser la huida de doña Violante con sus nietos de territorio castellano a la busca del amparo que podía proporcionarle su hermano Pedro III. Presencia, estancia e inmediata retención, medio poderoso que los sucesivos reyes aragoneses sabrían aprovechar para obtener algunas de sus siempre insatisfechas ambiciones.

   Se comienza a actuar primero de forma indirecta, lo que les proporciona la entrega del valle de Ayora y pequeñas rectificaciones fronterizas, sin que por ello pensaran en devolver rehenes tan valiosos. Otro modo de hacer y obrar sería el de Alfonso III, quien intenta la vía directa al impulsar la proclamación de Alfonso de la Cerda en Calatayud el 26 de junio de 1289 ante sólo cuatro testigos; los suficientes para testimoniar el acto jurídico por medio del cual el nieto de Alfonso el Sabio, intitulándose Rey de Castilla, donaba al monarca aragonés el reyno de Murcia todo entregramente e la senyoria daquel reyno con la cibdad de Murçia e con la de Cartagena. Donación que, naturalmente, conforme estaba convenido, aceptó Alfonso III, pero cesión que no tendría efecto por entonces, aunque señalaba una vía, un precedente, que sabrían aprovechar sus sucesores.

   Dos años más tarde, Cartagena surge de nuevo en la directriz política Aragón-Castilla. Es cuando se firma el tratado Soria-Monteagudo el 1 de diciembre de 1291 por Sancho IV y Jaime II, en que se concierta paz, amistad y matrimonio del Rey de Aragón y la infanta Isabel de Castilla. Por parte castellana diez castillos garantizaban el cumplimiento del acuerdo y sus alcaides obligados a prestar juramento de hacer entrega de ellos si no se cumplían los capítulos acordados. No es pura coincidencia el carácter fronterizo de todos estos castillos con Aragón y el que cuatro de ellos lo fueran en el reino de Murcia: Orihuela y Alicante, en poder de García Fernández de Pina; Monteagudo, cuyo alcaide Pedro de Monteagudo se dice que vivía en Lorca; y Cartagena, bajo gobierno de Ferrán Ruiz. Lo que no sucedía con los diez castillos que con iguales condiciones se fijaron por parte aragonesa.

   Jaime II y el momento decisivo

   La intervención de Jaime II en su propósito de ocupar el reino de Murcia ofrece peculiaridades muy significativas, en donde se aúnan previsiones y realidades, todas favorables para llevar adelante su decisión. Era una la de aprovechar la turbulenta minoría de Fernando IV y la debilidad de la monarquía castellana; otra la escasa población que quedaba en territorio murciano, ya que al producirse el cambio de coyuntura abundante número de pobladores volverían a sus puntos de partida o buscaron horizontes más prometedores, sobre  todo cuando pudieron apreciar que el éxodo mudéjar dejaba la tierra sin brazos para el trabajo; se suma el que la población que permanecía en el adelantamiento era mayoritariamente de origen catalano-aragonés, por lo que fueron muchos los representantes concejiles que aceptaron sin escrúpulo la voz y soberanía del Rey de Aragón, al contrario de la decisión de los alcaides de las fortalezas, fieles al cumplimiento de su deber; contaba también las menguadas guarniciones encargadas de la defensa de estas fortalezas y, por último, la falta de una hueste organizada y de un jefe que acaudillara e intentara aunar fuerzas, ya que su adelantado, don Juan Manuel, con catorce años de edad no estaba aún capacitado para ello; tampoco cabía pensar en recibir ayuda desde la Corte castellana, como lo muestra el hecho de que el ejército de socorro organizado difícilmente por doña María de Molina desde 1296, no comenzó su marcha hacia el reino de Murcia hasta fines de 1299, para quedar detenido en Alcaraz en los comienzos de 1300 antes de pisar tierra murciana al tener noticia de que la traición del alcaide de Lorca había permitido a los aragoneses ocupar la plaza sin que se hubiera cumplido el plazo convenido, a lo que también iban a colaborar las maniobras dilatorias de los infantes castellanos.

    Como en ocasiones semejantes, cuando se rompe un tratado entre dos reinos, ambos se culpan y utilizan pruebas, argumentos y acusaciones que pueden serles útiles para mostrar sus derechos y las sinrazones de la parte contraria. Jaime II culparía a Sancho IV de la ruptura del tratado de Soria-Monteagudo, aunque esperó la muerte del monarca castellano para hacer su denuncia, su reconocimiento como Rey de Castilla de don Fernando de la Cerda y su aceptación de la donación del reino de Murcia, ratificando lo que anteriormente había hecho Alfonso III. Por parte castellana se denunció la falsía de Jaime II al faltar gravemente a lo tratado: ya sabedes de como el Rey de Aragon ovo de casar con la fija de nuestro señor el Rey Don Sancho, et teniendola en Aragon et en su poder, sabet que es ydo a casar con la fija del princeps e desamparo la fija de nuestro señor el Rey, se dice en Murcia el 10 de noviembre de 1295. Las fechas de los acontecimientos son precisas y aclaratorias: Sancho IV muere el 25 de abril de 1295; el 20 de junio se firma el tratado de Anagni y el 29 de octubre, fecha del matrimonio de Jaime II y Blanca de Anjou.

   La publicación por J.M. del Estall de un amplio repertorio documental comprensivo del período de la ocupación del  reino de Murcia, proporciona abundante luz a esta fase casi inédita y siempre mal tratada hasta hace pocos años. Como su estudio permite apreciar, surgieron mayores dificultades de las que cabría esperar para llevar a cabo con rapidez la ocupación del territorio, pues todas las guarniciones o sus alcaides opusieron resistencia y demoraron las fechas que se les fijaba para su capitulación, pues no aceptaron sus intimidaciones y amenazas, aunque entre ellos no llegó a realizarse confederación o alianza de mutua ayuda, ni surgió la oportuna jefatura para la defensa del adelantamiento. Así, plaza tras plaza y en un tiempo verdaderamente largo, pese a la concertada neutralidad de las encomiendas santiaguistas, se lleva a efecto la conquista del territorio en el transcurso de cinco años.

   Situación en Cartagena

    En lo que afecta a Cartagena, la aportación de estos documentos permite seguir el curso de los acontecimientos con cierto detalle. Era entonces alcaide de su fortaleza Sancho Díaz de Bustamante, hijo de Diego Sánchez de Bustamante, adelantado de Murcia por el infante don Manuel en los años 1280-1282, y alcalde de la ciudad Romeu de Marimond. Ambos fueron emplazados por Jaime II para la entrega de la ciudad y su castillo en término de un mes. Emplazamiento que en este caso justificaba el Rey de Aragón en que Cartagena era una de las diez plazas que afianzaban por parte de Castilla el tratado de Soria-Monteagudo y que, por no haberlo cumplido Sancho IV, le debía ser  entregada; en otras oblaciones su exigencia se basaba en la cesión de don Fernando de la Cerda.

    El plazo concedido a los gobernantes de Cartagena finalizaba el 24 de mayo, después prorrogado en distintas ocasiones. Por parte de Romeu de Morimond -cuyo nombre denota su origen- no hubo oposición, pues sin esperar a que se cumpliera el término ofrecido, entregó la ciudad antes de finalizar el mes de mayo a cambio de seguir en el mismo cargo con el Rey de Aragón. El 3 de junio confirmaba Jaime II todos los privilegios y mercedes concedidos por los reyes de Castilla a los vecinos de Cartagena, tanto cristianos como judíos y moros, forma de mostrar su agradecimiento por la pacífica aceptación de su soberanía.

    Rechazada por Díaz de Bustamante la propuesta de capitulación y ofrecimientos de Jaime II, no por eso dejaron de mantenerse contactos y envío de emisarios. Jaime II firmó salvoconducto para que dos hombres de Sancho Díaz pudieran circular libremente por todo el reino y llegar hasta Lorca para recoger bestias y enseres. Un nuevo plazo, que finalizaba el 23 de junio, y que después se extiende un mes más, manifiesta la continuidad de negociaciones, hasta que se llega al acuerdo final. Quince días para evacuar la fortaleza y salida de la guarnición con entera seguridad, así como llevar consigo cuanto les pertenecía.

   Habían sido tres meses de asedio a distancia, tanto por tierra como por mar. Sancho Díaz, al tener posibilidad de establecer contacto con la guarnición de Lorca, pudo saber que ninguna ayuda podían prestarle, pero aún más, que tampoco ellos la esperaban. La falta de abastecimiento y de ayuda militar convencieron al alcaide de la inutilidad de mantener tal situación, por lo que aceptó la propuesta que se le ofrecía y entregó el castillo. Después, hasta la firma de la Sentencia de Torrellas en 1304, faltan las noticias y los documentos, pero por lo que conocemos de otras comarcas murcianas en estos nueve años, podemos deducir que sólo hubo un transcurrir sin alteraciones ni aumento de población, sino más bien un gradual empobrecimiento y casi un mero subsistir.